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Contra la barbarie

José Woldenberg

El secuestro de 43 normalistas en Iguala es, por lo pronto, la cúspide de una espiral de violencia que parece retroalimentarse sin fin. Y al parecer no han sido los únicos, puesto que en las primeras fosas los cadáveres encontrados son de otras víctimas.

Las espeluznantes noticias develan, por un lado, la connivencia de autoridades y policías con bandas delincuenciales y, por el otro, una violencia que parece no tener lógica alguna. El estado en que se encontraron los cuerpos calcinados es un ejemplo macabro de crímenes con altas dosis de delirio y sadismo.

En los últimos años, las bandas delincuenciales no solo han cobrado su cuota de muertos, desaparecidos, heridos, familias fracturadas, sino que han trastocado la convivencia en zonas enteras del país y han penetrado -las evidencias son lacerantes- los pasillos y oficinas de los gobiernos y administraciones.

No son una sombra inclemente solo para alguna o algunas poblaciones o partido político, sino una amenaza para todo el edificio estatal y la reproducción de la vida civil.

La necesaria respuesta estatal a esa violencia, por desgracia, no siempre se ha ajustado a la ley y al respecto a los derechos humanos, lo que tiende a desatar dinámicas de venganza y crispación que acaban conformando un círculo infernal.

El asunto se complica porque no en todos los casos existe una clara línea que delimite los campos. Las policías, ministerios públicos, jueces y jefes y custodios de los reclusorios, en no pocas ocasiones sostienen fórmulas de colaboración (por conveniencia o por miedo o ambas) con el crimen organizado.

De tal suerte que el combate a la delincuencia está obligado a darse en dos frentes: de cara a los criminales y al mismo tiempo en la cadena de instituciones estatales que están diseñadas para perseguirlo.

Además, las cosas siempre pueden ir a peor. “Tocó fondo” es la expresión coloquial de un deseo, de una ilusión; pero todos sabemos -o lo deberíamos saber- que ese fondo no existe.

Las respuestas violentas que surgen desde organizaciones y movimientos diversos no hacen más que incrementar la espiral. El hecho de que se estén convirtiendo en parte del paisaje, que se vuelvan recurrentes, solo presagia que la dinámica destructiva puede ser aún más intensa.

Por ello, porque la violencia todo lo erosiona y contamina, parece necesario elevar la mira y diseñar una política de Estado (no de gobierno) capaz de alinear no solo a las instituciones sino a las diversas fuerzas y corrientes políticas y sociales en torno a un objetivo común: el combate a la delincuencia, la búsqueda de una convivencia civilizada, el respeto a los derechos humanos.

Se trataría de forjar un bloque político y social unificado en esa misión, manteniendo las diferencias en otros campos. Y ello, por supuesto, se construye, se acuerda, no se decreta.

Recuerdo que en España, los partidos, enfrentados en casi todo, lograron diseñar y poner en práctica una política de Estado convergente contra el terrorismo. Esa no sería una zona de disputas entre las diversas opciones políticas, ninguna actuaría para sacar “una pequeña raja” miserable de sus adversarios.

Ahora bien, dado que las instituciones del Estado no son un monolito, que algunas de ellas han sido invadidas por el narco, parece imprescindible que la parte “sana” de ese entramado pueda combatir y derrotar no solo a las bandas delincuenciales sino a sus aliados en el propio laberinto estatal.

Y para ello, parece imprescindible subrayar y fortalecer que la operación tiene que realizarse con absoluto respeto a los derechos humanos, única forma de armar un dique contra el eventual contagio de las prácticas y costumbres del narcotráfico.

En esa dimensión, el nombramiento del próximo ombudsman nacional debe ser visto como una oportunidad para enviar un mensaje inequívoco de que en esa materia las principales instituciones del Estado mexicano, en especial el Senado, están conscientes de la necesidad de contar con una Comisión Nacional de Derechos Humanos celosa de su encomienda, autónoma en su criterio.

Combatir al crimen organizado respetando los derechos humanos, al tiempo que se limpian y regeneran las instituciones estatales encargadas de dicho combate y aislando y sancionando a los grupos violentos, es una operación necesaria pero nada sencilla, obligada pero con altos grados de dificultad. Y si además se quiere tener una opción de mediano plazo, es necesario actuar sobre el caldo de cultivo social que fomenta desesperación, amargura y rencor.

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